Lo hizo con 28 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Al mismo tiempo, el PSOE rechazó aceptar una enmienda del PP para dotar a los centros de educación especial de los “recursos necesarios” para su “correcto mantenimiento” y para que puedan seguir acompañando a los estudiantes con discapacidad en su “desarrollo educativo y personal”.

 

Durante su intervención, el senador socialista Javier Garcinuño subrayó que esta moción nace como resultado del trabajo realizado por su grupo con el Consejo de la Juventud de Extremadura para atender las necesidades de los jóvenes con discapacidad en el sistema educativo.

 

En ese sentido, recordó que el último estudio del Observatorio de Discapacidad denuncia que existe una “brecha” entre las personas con discapacidad y sin discapacidad de la misma edad, siendo superior el analfabetismo en las primeras que en las segundas.

 

También expuso que el Observatorio de a Discapacidad Física determinó que el abandono temprano de los estudios de las personas con discapacidad es casi el doble que en las personas sin discapacidad, mientras que el porcentaje de quienes finalizan estudios secundarios es la mitad para las segundas.

 

A su vez, arguyó que el Informe del Instituto de la Juventud en España de 2016 destacaba que el 40% de las personas con discapacidad había sufrido algún tipo de discriminación en ámbitos educativos y formativos.

 

Al mismo tiempo, recuperó el estudio ‘Acoso y ciberacoso escolar en alumnado con discapacidad’, elaborado por la Fundación ONCE y el CERMI, para llamar la atención sobre el hecho de que el 79,5% del alumnado con discapacidad indica que “ser diferente” es un factor desencadenante para sufrir acoso escolar.

 

Esta realidad, dijo el senador Garcinuño, es lo suficientemente elocuente como para aprobar el texto que sometió a debate y votación en la Comisión de Juventud del Senado.

 

 

Ruth Goñi (Grupo Mixto) dijo estar “totalmente de acuerdo” con el contenido de la moción, “lo que no implica que se eche de menos” algunas cuestiones en su articulado, como incentivar la puesta en marcha de medidas para evitar que otros menores sean los “principales responsables del acoso escolar a estudiantes con discapacidad”.

 

José Luis Muñoz (Ciudadanos) adelantó su voto a favor de la moción, y se limitó a manifestar su apoyo a la “libre elección” de los padres de estudiantes con discapacidad a elegir el centro educativo que consideren más adecuado para sus hijos.

 

Assumpció Castellví (Junts) anunció su voto a favor del texto, lo que le dio pie a defender el modelo de educación inclusiva, el cual dijo que ha sido un “éxito” en Cataluña. No obstante, advirtió de que “queda mucho por mejorar” en este ámbito, para lo que reclamó incrementar los recursos para “rebajar la brecha” existente entre los alumnos con y sin discapacidad.

 

Estefanía Beltrán de Heredia (PNV) dijo estar de acuerdo con los planteamientos de la moción, si bien lamentó que su contenido invade el marco competencial propio del Gobierno vasco. “Si se presentara en el Parlamento vasco, la apoyaríamos, pero aquí, en el Senado, nos abstendremos”, manifestó.

 

Sara Bailac (ERC) reafirmó el compromiso de su grupo con un “sistema educativo que garantice la igualdad, la equidad y la justicia social” y que impida la discriminación entre los alumnos. Esto no le impidió dejar caer que plantea medidas que son competencia de las comunidades autónomas que “requerirían más recursos para llevarlas a cabo”.

 

Por ello, animó a aprovechar para convertir esta moción en “recursos para garantizar una educación inclusiva”, que “no es aquella que permite escuchar el himno de España en todos los colegios, como pretende el PP”.

 

Por último, Patricia Rodríguez (PP) confirmó el apoyo de su grupo a la moción, a pesar de no admitirse su enmienda sobre los centros de educación especial.

 

A su vez, recogió el guante lanzado por Sara Albiac para exclamar “sí a la educación inclusiva, y sí a la educación especial, y, si puede ser con el himno de España, mejor”, y trasladó su voluntad de ser “vigilante para que el Gobierno dote a las comunidades de los recursos necesarios que posibiliten la concreción de una educación inclusiva”.

 

 

La moción aprobada por la Comisión de Juventud del Senado insta al Gobierno a impulsar el “principio de inclusión” en la escolarización de las personas con discapacidad, con el fin de “asegurar su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en todas las etapas educativas y afrontar el aislamiento social de adolescentes y jóvenes con discapacidad en centros educativos, poniendo especial interés en el riesgo de vulnerabilidad, en prevenir situaciones de ‘bullying’ asociadas a la misma y atender el aislamiento social presente en las etapas educativas, inclusive la secundaria”.

 

También invita a las administraciones educativas a desarrollar protocolos de prevención y actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia, identificando las situaciones de discriminación, aislamiento social y acoso escolar de estudiantes con discapacidad.

 

Al mismo tiempo, exhorta a las autoridades educativas a promover “entornos seguros y libres de riesgos”, y a “favorecer el seguimiento de los casos”.

 

Por su parte, reclama a las administraciones educativas y los centros la adopción de protocolos de supervisión de las materias y contenidos para “velar por su accesibilidad”, y plantear en caso contrario la obligación de las adaptaciones que consideren oportunas.

 

Por último, traslada la conveniencia de “mejorar la formación específica” en lo referente a la atención a la juventud con discapacidad para el profesorado, y transmite a las administraciones educativas que desarrollen “actuaciones de formación y participación en la vida del centro con la comunidad educativa para promover valores de convivencia positiva en relación al respeto a la diferencia y la valoración de la discapacidad”.

 

Fuente: Servimedia